La sanidad es un derecho al que
todos tendríamos que tener acceso de forma igualitaria, sin embargo, no en
todos los países y comunidades ocurre así, o por lo menos de la misma manera.
Estados Unidos sufre las consecuencias
de una sanidad a base de compañías privadas y aseguradoras. Esto
conlleva
a que millones de estadounidenses no puedan tener cobertura al servicio médico,
simplemente porque no pueden pagarlo, pero… ¿el cuerpo tiene un precio?
¿hay un límite para rechazar el servicio médico a las personas? ¿profesión o
negocio?
El sistema público sanitario existente
cubre a los pensionistas mayores de 65 años (programa Medicare, regulado y gestionado por la administración
federal que incluye un sistema de copago de medicinas), a las personas sin recursos
(programa Medicaid, regulado para
toda la federación pero gestionado por los estados) y a los niños de familias
con recursos limitados (no cubiertos por Medicaid). Los programas públicos se
gestionan de manera prácticamente total mediante el pago de los servicios a
instituciones privadas. Por ley, los empleadores tienen que asegurar a sus
trabajadores la cobertura sanitaria derivada de los accidentes de trabajo y los
hospitales tienen que atender la atención en urgencias incluso de quienes no
estén asegurados. Con excepción de la administración militar, no existe una red
de hospitales o centros sanitarios públicos.
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